Congresistas de diversas bancadas de oposición rechazaron la modificación del Decreto Legislativo 1090 y plantearon más bien su derogatoria y la discusión en el pleno del dictamen evacuado por la Comisión de Medio Ambiente, que preside el legislador Róger Nájar.
Elizabeth León, del Bloque Popular; Víctor Isla, del Partido Nacionalista, y Jorge Foinquinos, de Alianza Parlamentaria, junto con Nájar, anunciaron que votarán contra el proyecto de ley del Ejecutivo y defenderán el patrimonio nacional forestal que el gobierno pretende privatizarlo, según afirman.
El Decreto Legislativo 1090 es cuestionado porque promueve el cambio de uso de las tierras forestales a agrícolas, reduce la participación de la sociedad civil y debilita el sistema de supervisión de las concesiones forestales, remarcó Nájar.
Dijo que el proyecto de ley enviado por el Ejecutivo sólo modifica en parte el decreto 1090 pero persiste en su afán de privatizar las tierras de producción forestal con el argumento de considerarlas de interés nacional.
Nájar insistió que el Ejecutivo no ha corregido los errores de la 1090, y por el contrario, persiste en afectar a las comunidades indígenas y nativas, para favorecer al sector privado.
Elizabeth León, del Bloque Popular; Víctor Isla, del Partido Nacionalista, y Jorge Foinquinos, de Alianza Parlamentaria, junto con Nájar, anunciaron que votarán contra el proyecto de ley del Ejecutivo y defenderán el patrimonio nacional forestal que el gobierno pretende privatizarlo, según afirman.
El Decreto Legislativo 1090 es cuestionado porque promueve el cambio de uso de las tierras forestales a agrícolas, reduce la participación de la sociedad civil y debilita el sistema de supervisión de las concesiones forestales, remarcó Nájar.
Dijo que el proyecto de ley enviado por el Ejecutivo sólo modifica en parte el decreto 1090 pero persiste en su afán de privatizar las tierras de producción forestal con el argumento de considerarlas de interés nacional.
Nájar insistió que el Ejecutivo no ha corregido los errores de la 1090, y por el contrario, persiste en afectar a las comunidades indígenas y nativas, para favorecer al sector privado.
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